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COMUNICADO
A partir del 7 de marzo pasado, el Archivo General de la Nación suspendió la atención al público en sus Archivo Colonial y Archivo Republicano, ante la imposibilidad presupuestal de llevar a cabo las acciones necesarias para dotar de las medidas de seguridad y tecnológicas apropiadas para garantizar la protección de nuestro Patrimonio Documental.
Al estar próximos a cumplir 70 días de dicha suspensión, deseamos informar a la opinión pública y a la Comunidad Académica, lo siguiente:
1. Luego del tiempo transcurrido, podemos afirmar que hemos logrado la identificación de la totalidad de nuestros fondos documentales en los Archivos Colonial y Republicano; labor que se encontraba avanzada, gracias a las gestiones anteriores, pero aún no finalizada.
2. Del mismo modo, hemos logrado precisar el estado en el que se encuentran nuestros instrumentos descriptivos, en especial los inventarios de registro, constatando la cantidad de documentos existentes en cada Caja, Legajo o Paquete, es decir, en cada unidad de conservación o instalación.
3. Nuestro Archivo Colonial se planteó la ineludible tarea de realizar el inventario de registro de 25 agrupaciones documentales: 15 fondos institucionales, 3 agrupaciones fácticas y 7 colecciones documentales. El Archivo Colonial custodia 1,814 metros lineales de documentación. A la fecha, podemos afirmar que hemos logrado el registro de 1,387.21 metros lineales, lo que equivale al 76% de los fondos. Colecciones documentales especialmente importantes que hemos logrado terminar son los Protocolos Notariales del XVI, el Fondo Real Aduana y las Colecciones Terán y Moreyra y Matute, estas últimas con valiosos testimonios sobre diversos aspectos de la vida social y económica de los siglos XVI al XIX.
4. Nuestro Archivo Republicano custodia 7,039.26 metros lineales de documentación. En mucho, hemos concentrado allí nuestros esfuerzos pues sólo un 20% del volumen total de la documentación se encontraba registrada o descrita. Hoy se ha conseguido elevar dicho porcentaje al doble, aunque, sin duda, todavía falta mucho por hacer. Fondos documentales especialmente importantes que se están trabajando son el Archivo Agrario, las Autógrafas de Ley, los Asuntos Indígenas, el Registro de Libros de Inmigrantes y los correspondientes a los Ministerios del Interior, de Trabajo y de Hacienda.
5. Estamos confeccionando además normativas que viabilicen y faciliten la protección del Patrimonio Documental. Por ejemplo, directivas para uniformizar los procesos técnicos de organización y descripción de la documentación histórica. De igual modo, se está procesando la reglamentación necesaria para la efectiva participación de los Archivos Regionales en la defensa del Patrimonio Cultural, con la intención de crear una red entre Lima y Provincias que pueda hacer frente al tráfico ilícito de bienes culturales.
6. Hemos elaborado un diagnóstico sobre las medidas que debemos implementar en lo inmediato, remitido al Ministerio de Economía y Finanzas, ente rector en materia presupuestal, sustentando la necesidad de contar con alrededor de 2 millones de soles, como primer desembolso para superar las medidas de emergencia que, en salvaguarda del Patrimonio Documental de la Nación, nos vimos obligados a declarar.
Entonces, pese al grave estado en que se encuentra el AGN, se han conseguido significativos avances gracias a la suspensión del servicio y a direccionar los recursos humanos existentes hacia el registro o descripción documental y elaboración de normativas, avances que presentamos a la opinión pública para su consideración. Lamentablemente hasta ahora no han sido atendidos nuestros apremiantes requerimientos. Por lo dicho, y en uso de las atribuciones que la ley le confiere, la Jefatura Institucional ha decidido tomar las siguientes medidas:
A) Prolongar hasta el 31 de julio próximo, la suspensión de atención en las salas de investigación del Archivo Colonial y del Archivo Republicano para continuar con el proceso de registro. Nuestra reducida cantidad de personal, 18 archiveros, impide que las labores de organización documental puedan efectuarse paralelamente con la atención a nuestros investigadores.
B) Postergar las actividades conmemorativas por nuestro Sesquicentenario. Que una entidad cumpla siglo y medio de existencia, en un país como el Perú, tan urgido de institucionalidad, debería merecer grandes celebraciones. Pero, en el marco de la rigurosa y casi descontextualizada austeridad impuesta por el D.U. N° 012-2011, e incluso estando ya en la fase de ejecutar su organización, ha sido necesario trasladarlas a los meses de Setiembre y Octubre, en el entendido que nuestro aniversario cubre todo el 2011. Las principales actividades son: una Muestra documental titulada 150 años protegiendo la memoria de todos los peruanos, en la que exhibiremos una selección de los testimonios que conservamos; y un Congreso internacional Archivar, ¿para qué?, donde reflexionaremos sobre las distintas y fructíferas utilidades del quehacer archivístico.
C) Reabrir, en atención a la demanda de nuestros usuarios, la atención en la Sala de Consulta del Archivo Republicano ubicada en nuestra sede de Palacio de Justicia, en donde se custodia el Registro de Libros de Inmigrantes y los libros de movimiento migratorio, por medio del cual los ciudadanos pueden realizar trámites que les permiten sustentar tanto su movimientos migratorios como los de sus antepasados, para ejercer derechos fundamentales como el de la identidad o propiedad.
D) Retomar, en consideración a las necesidades del Sistema Nacional de Archivos, las labores de supervisión y asesoramiento archivístico.
Finalmente, el Archivo General de la Nación desea agradecer profundamente a quienes comprenden la difícil situación que estamos atravesando y reitera su compromiso en favor del Patrimonio Documental de la Nación.
Lima, 19 de mayo de 2011.
JOSEPH DAGER ALVA
Jefe institucional
Breve resumen del diagnóstico situacional y necesidades urgentes del AGN
La difícil situación del AGN no se debe a la ausencia de captación de financiamiento externo. Aunque reducidos, contamos con algunos fondos distintos de los estatales que posibilitan la realización de proyectos puntuales. El principal problema, en verdad, de nuestro AGN es la falta de recursos económicos para el gasto corriente, rubro que no es sufragado por privados. Sólo después de cubiertas esas carencias, será posible aplicar una política dirigida a conseguir fondos concursables o donaciones directas de las varias entidades que tienen por política financiar temas culturales, como fundaciones o cooperación internacional.
Es nuestro deber funcional y moral advertir, como hemos venido haciéndolo, al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), responsable de asignar el presupuesto, y al Congreso de la República, autoridad competente en aprobar lo asignado; sobre lo inconveniente que resulta entender la delicada labor de la conservación del Patrimonio Documental de la Nación como una “industria cultural”. La experiencia mundial enseña que las instituciones dedicadas a esa labor, deben concentrar en ella lo principal de su gestión. En el Perú, además, el Estado se encuentra obligado, por mandato constitucional, a financiar adecuadamente a las entidades que velan por el Patrimonio Cultural, según se estipula en el artículo 21 de la Constitución vigente.
En tal sentido, hemos sustentado la urgente necesidad de que se nos aumente el presupuesto de gasto corriente para el ejercicio 2012 a, por lo menos, el doble del actual. El MEF, a través de comunicación oficial, abre esperanzas a que se inicie la implementación de estos requerimientos en la formulación del presupuesto 2012. No es lo que esperábamos, pero, al menos, hemos logrado obtener un compromiso por escrito que permite vislumbrar una salida a una problemática que lleva décadas.
Debemos capacitar más y mejor a nuestro personal a fin de conseguir que la mayoría sea especialista, bien en el área administrativa o en el campo archivístico. Los niveles de remuneraciones actuales, uno de los más bajos en la administración pública, dificultan grandemente lograr esa meta. En tal sentido, aprovechamos para reconocer a buena parte de los trabajadores del AGN, de los regímenes 276 o 1057, por su espíritu de entrega pese a que no podemos ofrecerles mejores condiciones laborales ni lo óptimo para el cuidado de su salud, en riesgo al estar en permanente contacto con documentación antigua, con presencia de tinta ferrogálica y microorgaismos eventualmente perjudiciales.
Pero es en el rubro de inversión pública en el cual se debe obtener el mayor soporte a fin de hacer cumplir lo anunciado por el Presidente de la República en su mensaje a la Nación del 28 de julio de 2010, y lo dispuesto por la Ley 28993, es decir, la construcción e implementación de un nuevo local para el Archivo General de la Nación por ser de interés Nacional, lo que significa un desembolso de cerca de 32 millones de nuevos soles. Sólo así se podrá mejorar sustancialmente la situación de conservación del patrimonio documental que custodiamos.
En tanto aquello se concrete, necesitamos contar con alrededor de 2 millones de soles, como primer desembolso inmediato, lo que, lamentablemente, no ha sido atendido, por lo que no hemos podido levantar totalmente las medidas de emergencia. Es perentorio aumentar significativamente el número de efectivos de seguridad, incrementar sensiblemente la cantidad de cámaras de vigilancia para instalarlas en lugares estratégicos tanto en los repositorios como en las salas de investigación. Urge implementar, en las puertas de acceso y salida de los locales, equipos de rayos X para controlar que no se esté produciendo un indebido tránsito de documentos. Por otro lado, es impostergable la inversión en estantería moderna, en bóvedas seguras y en dispositivos para medir y controlar los factores ambientales que tanto afectan a libros y documentos, para cada uno de nuestros tres repositorios.
Requerimos, además, mayor cantidad de personal. En lo inmediato deberían ser 39 trabajadores adicionales, de los cuales 22 han de ser archiveros para desarrollar tareas de organización documental; de limpieza especializada de repositorios, estanterías y documentos, siendo que tenemos un acervo superior a los 32,000 metros lineales; para una digitación cuidadosa y pasar a soporte digital tanto la documentación como los instrumentos descriptivos; y para la asesoría y supervisión de los archivos de un aproximado de 100 entidades del Sector Público.